Las políticas públicas son acciones del gobierno para dar solución a problemas públicos. Constituyen decisiones estratégicas sobre hacia dónde orientar a la sociedad definiendo acciones a la luz de diversos retos que habrán de enfrentarse y la disponibilidad de recursos. La política pública implica la definición de los objetivos que quiere perseguir una sociedad, los cursos de acción que han de seguirse y los instrumentos para lograrlo (Rodríguez, 2019). Pueden ser explícitas, en la medida que sean emitidas formalmente a través de instrumentos normativos, o implícitas, cuando son producto de decisiones estratégicas u operativas sobre el destino y direccionamiento de los recursos públicos que resultan determinantes de escenarios presentes y futuros.

Dos aspectos claves en el proceso de creación de las políticas públicas son la coherencia entre las políticas y la interfaz ciencia-política.

Desde su fase de diseño, la política pública debe responder a una lógica causal robusta, esto es, que se derive de una teoría de cambio y análisis de contexto relevante, pero esto no es suficiente. A la par es necesaria un aseguramiento de la coherencia externa, esto es, asegurar la coherencia y complementariedad entre el conjunto de políticas que se aplicarán en un período determinado. La coherencia entre políticas públicas se refiere a la medida en que las mismas se complementen, esto es no se contrapongan entre sí, y que generen no solo los resultados esperados de cada una, sino un objetivo conjunto más amplio. En otras palabras, asegurar que los resultados generados por una política pública viabilicen el cumplimiento de los resultados de otra, o al menos, que nos los obstaculicen. Esto implica considerar con antelación la manera en que la política entrará a formar parte y coexistir con el grupo de políticas existentes o en diseño.

En cuanto a la coherencia externa, hay tres tipos de coherencia entre políticas públicas: la coherencia entre los instrumentos de las políticas, la coherencia entre los objetivos de las distintas políticas y la coherencia entre los tipos de población objetivo que busca atender cada política. (Cejudo y Michel, 2016).

Ambas dimensiones, la coherencia interna y externa de la política, son necesarias en el contexto de enfoque integrado para el desarrollo sostenible. Estableciendo una analogía con la gestión ambiental, se puede comparar con la relación entre dos instrumentos de gestión ambiental bien conocidos: el estudio de impacto ambiental que es una mirada particular y puntual respecto de un proyecto individual, en contraste a la evaluación ambiental estratégica que busca identificar los impactos acumulativos de dos o más proyectos en un área geográfica determinada. Ambas miradas son importantes y su uso conjunto es el que viabilizará un análisis integral de los impactos ambientales en un lugar y espacio determinado.

En la actualidad, no existen instrumentos que permitan identificar o lograr coherencia entre políticas públicas; existen mecanismos de gestión que pasan el análisis individual de una política, pero son insuficientes para observar la coherencia externa. Generalmente, se cae en el error de considerar que los mecanismos de planeación o alineación, coordinación, monitoreo y evaluación garantizan la idealidad de una política pública (Cejudo y Michel, 2016). En este sentido, uno de los retos del proceso de elaboración de políticas públicas en nuestro país de cara al bicentenario es avanzar en diseñar e implementar criterios y mecanismos para facilitar la coherencia externa entre políticas públicas, más allá de las premisas de coordinación interinstitucional. La utilización de técnicas de análisis de futuro (prospectiva), modelación y generación de escenarios proporcionan elementos para avanzar en esta dirección.

Una situación actual de posible conflicto entre políticas públicas en Panamá, lo constituye las decisiones de política pública -explícitas e implícitas- adoptadas por el gobierno en cuanto a la promoción de la industria minera extractivista, especialmente la minería metálica a cielo abierto en todo el país, bis a bis la política climática de promoción de la carbono negatividad que transita por garantizar niveles de cobertura boscosa capaces de absorber las emisiones de gases de efecto invernadero. La literatura sugiere que difícilmente se podrán lograr resultados de mantención y/o aumento de cobertura en bosques si no se limita de manera expresa las áreas geográficas (hectareaje) que se podrán dedicar a propósitos de gran minería metálica, cuya implementación desde fase temprana es sabido que requiere procesos intensivos de conversión de uso de suelo.

Otro aspecto clave en la generación de políticas públicas de calidad es la medida en que la elaboración de la política está sustentada, o al menos, ha considerado información científica para su formulación. Esta relación se conoce como “interfaz ciencia-política” (ICP), y se refiere a las diversas formas en que los científicos, los responsables de la formulación de políticas y otros se vinculan para comunicarse, intercambiar ideas y desarrollar conjuntamente el conocimiento para enriquecer las políticas y los procesos de toma de decisiones y/o investigación para solucionar problemas de interés público. El propósito es enlazar la evidencia científica, en los formatos correspondientes, con los tomadores de decisiones e instancias de seguimiento e implementación correspondientes, para contribuir de manera puntual al desarrollo e innovación social. Las premisas básicas para hacer operativa la ICP son la creación de espacios de relacionamiento y la formación y acceso a los especialistas.

En una investigación de la ICP en Chile, Roxana Borquéz González (2017) identificó las siguientes limitantes principales para el desarrollo de una relación fluida entre ciencia y política, las cuales consideramos extrapolables a la situación en Panamá : 1) La exigencia de publicar en medios de renombre mundial como revistas extranjeras generalmente en inglés; 2) la complejidad de la terminología; 3) la poca disposición a traspasar los conocimientos a un lenguaje sencillo; 4) prejuicios hacia los investigadores y prejuicios de los investigadores con respecto a los tomadores de decisiones, acerca de cómo se decide y cómo son utilizados para validar dichas decisiones; 5) La investigación no se orienta a las necesidades de las políticas públicas (para tomar decisiones públicas se necesita información en un estado previo a la publicación, ya que esta última puede tardar en estar disponible; la generación de políticas públicas no se puede basar en elementos puntuales que usualmente son el objetivo de una investigación científica; 6) Bajo interés de los investigadores en realizar asesorías, como generalmente se consideran las solicitudes realizadas por entidades públicas; 7) Difícil sincronización entre tiempos políticos y tiempos técnicos, debido a que los plazos para la formulación de política se encuentran limitados por la contingencia, de corto plazo, pero existe una variedad de temas que requieren información y estudios de mediano o largo plazo, por lo tanto, no es posible que se entreguen los contenidos necesarios que aporten a la formulación de políticas públicas; 8) Fallas de coordinación y falta de interacción regular; 9) Fallas de coordinación entre quien financia la investigación y quien genera la política pública.

Uno de los mecanismos que se puede desplegar para hacer operativa la ICP es asegurar el acceso a estructuras de asesoramiento científico internas y externas en las instituciones, tales como Academias de ciencias y sociedades científicas; Institutos de investigación y universidades; Consultorías científicas y “think tanks”; Comités de asesoramiento científico (permanente o temporal); Agencias estatales; Servicios científicos internos y Asesores científicos individuales al alto nivel (Presidentes, Ministros).

En el caso de Panamá, existe poca información publicada en cuanto al estado de la ICP. No obstante, es posible afirmar que existe una percepción de que las decisiones de política pública carecen de sustentos científicos rigurosos y que las mismas se fundamentan más en acuerdos políticos que en criterios científicos. Si bien en las últimas décadas se ha difundido la utilización de mecanismos de diálogos sectoriales y/o nacionales, estos mecanismos no necesariamente corresponden a una dinámica de ICP.