Todas las personas dependemos del medioambiente en el que vivimos. Un entorno ecológico saludable es una condición necesaria para el pleno disfrute de los derechos humanos, entre ellos el derecho a una vida digna, a la salud, la vivienda, la alimentación, el agua y el saneamiento.

Las tendencias globales que estamos viviendo en nuestros días nos confirman esta evidencia: la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación del planeta, la mayor frecuencia e intensidad de los desastres naturales y otros fenómenos asociados al cambio climático están amenazando con revertir décadas de desarrollo y exacerbar la pobreza. Es lo que hemos vivido en carne propia con la pandemia COVID-19.

Apegándonos a la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo “la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables” (Principio 25) y  el Principio 10 que busca “asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras”. En esta línea y con la fuerza del Acuerdo de Escazú que pone en función u operativiza este Principio desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD en Panamá apoyamos a las entidades de gobierno, municipios y sociedad civil en garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y a su participación efectiva en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas y entorno. Acceso a la información, a la participación pública y a la justicia ambiental para resolver conflictos relacionados al uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad, la lucha contra la deforestación y el cambio climático, así como la calidad del agua y del aire.

Hemos tomado como pilares fundamentales de todas nuestras intervenciones en el área de ambiente, cambio climático y resiliencia: el acceso a información, útil, de forma oportuna y la mejor ciencia disponible para las personas haciendo alianzas estratégicas con entidades vinculadas a ciencia para el desarrollo y popularización de la ciencia (Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Ministerio de Ambiente y Fundación Ciudad del Saber) y en alianza con medios de comunicación para formar científicos y científicas como divulgadores del conocimiento científico; de igual forma potenciando y fortaleciendo grupos de jóvenes profesionales que han creado una red Jóvenes y Cambio Climático para poner a disposición de la juventud información sobre cambio climático en idioma español y aterrizando el lenguaje técnico en algo cotidiano.

Combinando acceso a información y participación efectiva en proceso de toma de decisiones hemos identificado que a la par combinando Principio 10 y Principio 25 de la Declaración de Río abonamos al ODS 16 para comunidades y sociedades de bienestar y cohesionadas, aseguramos también sostenibilidad más allá de proyectos una intervención programática que deja capacidad instalada y sobretodo tejido social que asientan valores democráticos en temas ambientales y de cambio climático que apuntalan el desarrollo sostenible. Por ello hemos acompañado a Panamá en la divulgación del Acuerdo de Escazú para el cómo, que afianza la gobernanza para prevenir conflictos, empujando que las decisiones en las comunidades se adopten de forma informada, participativa e inclusiva. Empujando la divulgación de normas, acuerdos multilaterales de medio ambiente, capacitaciones en estas temática para lograr institucionalidad y ciudadanía para gestión ambiental integrada, con atención a cambio climático, para mejorar la vida de las personas. Para ello identificamos en las normas nacionales algunos espacios o plataformas de gobernanza ambiental local como las comisiones consultivas ambientales que la Ley General de Ambiente crea a nivel provincial, municipal y comarcal. En Azuero Sostenible (proyecto con cofinanciamiento del Fondo de Medio Ambiente Mundial) estamos apoyando junto con el Ministerio de Ambiente a tres municipios Pocrí, Pedasí y Tonosí con la creación de sus Comisiones Consultivas Ambientales que deben tener representantes con voz y voto no solo de entidades gubernamentales nivel nacional sino local con los municipios como autoridades locales, sector privado productivo, academia, y representantes de las comunidades como sociedad civil.

Estamos asegurando que en los proyectos estas instancias sean priorizadas como el mecanismo de gobernanza local ambiental más cercano a las personas en los territorios, y que pueden irse adaptando y mejorando en la medida que se utilizan y se les pone en funcionamiento.

Adicional, para la gestión ambiental integral Panamá identificó la cuenca hidrográfica como la forma más costo eficiente de ordenar los territorios y las actividades humanas con un enfoque de conectividad hídrica y ecosistémica, 52 cuencas hidrográficas en total. Y con base en la Ley de Cuencas Hidrográficas cada Cuenca que rige para 51, cada una debe contar con un Comité Local de Cuenca con la misma configuración voz y voto con representantes de gobierno, municipios y autoridades locales, academia, sector privado productivo, comunidades como sociedad civil. En este caso, en los proyectos aseguramos de integrar la conexión de las personas con los comités de cuenca, para que se creen y o creados para que se fortalezcan. Estos comités tienen entre sus funciones dos altamente relevantes el ordenar y aprobar que se realice un plan de ordenamiento ambiental territorial en su cuenca y un plan de manejo, de forma que se rompan los silos sectoriales y se trabaje integradamente con un enfoque ecosistémicos o multidimensional. Si esto se logra que es hacia donde empujamos veremos resultados de desarrollo local.

En la línea de que no se quede nadie atrás ponemos especial atención a personas en condiciones de mayor vulnerabilidad como pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, niños y jóvenes, personas con discapacidad, ancianos, y personas con menos ingresos. Y por supuesto apostamos al uso de la tecnología e innovación para facilitar la información y asegurar la participación.

Por último, hemos estado intercambiando con el Ministerio de Ambiente para relanzar un programa de Gobernanza y Justicia Ambiental para Operadores de Justicia tanto para el ámbito penal, civil y administrativo (tomando como base el primer programa que hubo en Panamá financiado por la USAID), es clave acercar los principios ambientales, los acuerdos multilaterales de medio ambiente e impulsar la homologación de conceptos jurídicos en temas ambientales tomando en cuenta que los jueces fiscales, abogados de entidades públicas y de los municipios no requieren formación en derecho ambiental y para acelerar su inmersión se requieren de este tipo de programas.

Tenemos muchos desafíos por delante pero mucho por hacer y poco tiempo que perder para hacer valer el derecho humano a un ambiente sano y poner las estructuras de gobernanza ambiental en lo local a funcionar para mejorar la vida de las personas.